- La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento concluyó que se han puesto muchos impedimentos para conocer la verdad
- El caso acabó con la presidencia de Pablo Casado en el PP
Desgraciadamente para Madrid, en los últimos meses se habla de nuestra ciudad por los escándalos que implican a Almeida. Un alcalde que se ha dedicado a ser portavoz nacional del Partido Popular y a las guerras internas de su partido. Es decir, a cualquier cosa menos a gobernar.
El primer escándalo al que hemos asistido es el de espionaje dentro del PP madrileño, a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, usando las estructuras del Ayuntamiento bajo la dirección de Génova. Estuvo precedido de una guerra interna por el control del PP de Madrid y a nivel nacional que ha usado las instituciones con fines partidistas y para el beneficio personal.
Las consecuencias fueron tremendas y conocidas por todo el mundo. El que fuera presidente del PP, Pablo Casado, y su secretario general, Teodoro García Egea, salieron de forma fulminante de sus cargos y del partido. En el ayuntamiento, un colaborador estrechísimo del alcalde, el director general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, dimitió de forma inmediata sin dar más explicaciones.
Nuestro grupo municipal quiso esclarecer los hechos desde un primer momento con una comisión de investigación. Principalmente, para saber si altos cargos del Ayuntamiento nombrados por Almeida se dedicaron a buscar información sobre la presidenta de la Comunidad. El alcalde se comprometió a colaborar para aclarar lo sucedido y dijo que los militantes del PP acudirían a declarar a la comisión. Sin embargo, el resultado ha sido un boicot constante al legítimo trabajo de los grupos municipales.
El dictamen que ha cerrado la comisión -un documento basado en las conclusiones de Más Madrid, a las que se han sumado PSOE y Ciudadanos- determina que Almeida ha puesto todos los obstáculos posibles para esclarecer el supuesto espionaje. También que el presidente de la EMVS, Álvaro González, incumplió el código ético de la empresa pública y que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se extralimitó en sus funciones al iniciar una investigación ajena al Ayuntamiento en una empresa pública.
La comisión habría llegado a más verdad si Almeida hubiera cumplido su palabra. En cambio, han quedado muchas preguntas abiertas que confirman nuestras sospechas y Almeida se ha quedado solo y aislado defendiendo una pésima gestión al frente del Ayuntamiento de Madrid.
Esta es la cronología de los hechos:
- Inicio del conflicto Casado-Ayuso: según el relato que desveló el entonces presidente del PP, Pablo Casado, el conflicto comenzó en septiembre de 2021. La dirección nacional del PP recibió información de un supuesto cobro de comisiones por parte del hermano de Isabel Díaz Ayuso por un contrato de compra de material sanitario suscrito con la Comunidad de Madrid a través de la empresa de un amigo de ambos de su pueblo de veraneo en Ávila (Priviet Sportive). Por ello, el 20 de octubre Génova solicitó información a la presidenta madrileña para descartar que hubiera delito en ese contrato. Ayuso les remitió a que se pusieran en contacto con Tomás Díaz Ayuso. Además, aunque se comprometió a presentar la documentación necesaria para demostrar que todo estaba en regla, no lo llegó a hacer.
- El Congreso del PP de Madrid: las indagaciones sobre el hermano de Ayuso coincidieron con la batalla interna por el Congreso del PP madrileño. Ayuso, quien pretendía hacerse con el control del partido en Madrid, pidió que se celebrara antes. Una situación ante la que Génova no quería ceder. Su favorito era su portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Fue en esos días cuando Ayuso bloqueó en WhatsApp al ex secretario general del PP, Teodoro García Egea y a otros dirigentes populares.
- El presunto espionaje a Ayuso sale a la luz: el miércoles 16 de febrero de 2022, El Confidencial desveló que altos cargos de la dirección nacional del partido intentaron llevar a cabo un espionaje contra Ayuso y su entorno familiar mediante la contratación de detectives privados. Al día siguiente, la presidenta autonómica señaló directamente a Casado de vincularla con la corrupción «sin pruebas» e involucrando a su familia y de actuar de forma «cruel» e «injusta» contra ella.
Por su parte, Egea negó que el PP hubiera contactado con ninguna agencia de detectives para investigar al entorno de Ayuso. Además, anunció la apertura de un expediente informativo a la dirigente madrileña.
También compareció José Luis Martínez-Almeida para negar el conocimiento o que se hubiera producido cualquier presunto espionaje en el seno del Ayuntamiento de Madrid. Supuestamente, el espionaje se habría llevado a cabo por altos cargos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Las afirmaciones de Almeida, unas horas después, perdieron toda credibilidad cuando el que era director general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, presentó su renuncia, que tardó unos días en hacerse efectiva.
Al día siguiente, Ayuso publicó un comunicado oficial en el que confirmaba que su hermano recibió un pago de más de 55.000 euros como «contraprestación» por sus gestiones para traer a Madrid las mascarillas adquiridas por el Ejecutivo regional. Negó que se tratara de una comisión, aunque sí reconocía su existencia poco antes en una entrevista radiofónica. Solo un día más tarde, Génova rectificaba, dando por buenas las explicaciones de Ayuso y cerrando el expediente informativo contra ella.
Días después, y también a través de medios de comunicación, trascendió que el presidente de la EMVS, Álvaro González, habló hasta en 16 ocasiones con el director de una agencia de detectives.
Ante el anuncio de Almeida de ofrecer una total colaboración para que acudieran todos los cargos municipales y del PP para esclarecer los hechos, Más Madrid solicitó una completa lista de comparecientes, que incluían, entre otros, a Isabel Díaz Ayuso, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, Pablo Casado, Ángel Carromero o el propio Almeida. La realidad posterior fue que el alcalde no colaboró en absoluto y los principales implicados no acudieron a la llamada del Ayuntamiento.
- Caída de Casado y Egea: los días posteriores, Almeida renunció a su cargo como portavoz nacional del PP –aunque como hemos comprobado, ha continuado ejerciendo el cargo en la sombra-; la dirección del Grupo Parlamentario Popular exigió la dimisión de García Egea y reclamó un Congreso Extraordinario. Pablo Casado fue quedándose aislado y sin apoyo de los barones del PP, hasta que finalmente dimitieron él y su secretario general.
- Comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid: el grupo municipal Más Madrid solicitó la creación de una comisión de investigación para conocer la verdad y el grado de implicación del Ayuntamiento en una supuesta trama para chantajear a la presidenta regional en el marco de la guerra interna del PP.
- Conclusiones de la comisión de investigación: la comisión finalizó con la aprobación de un dictamen que tomó como base el documento de conclusiones de Más Madrid, apoyado por Ciudadanos y PSOE, que reprocha al alcalde los obstáculos que ha puesto para poder conocer la verdad. El documento determina que, si hubo un intento de espionaje, “quedará pendiente de respuesta definitiva” y también reprocha al alcalde que “se han puesto muchos obstáculos para poder conocer la verdad”.
También concluye que el presidente de la EMVS, Álvaro González, incumplió el código ético de la empresa pública y que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se extralimitó en sus funciones al iniciar una investigación ajena al Ayuntamiento en una empresa pública en la que él no tiene competencias.
Por otra parte, Almeida se negó a contestar preguntas clave como quién le informó del intento de espionaje en nombre de Ayuso. También qué indicio le llevó a solicitar al presidente de la EMVS, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, a realizar una investigación secreta que extralimitaba sus competencias y funciones y que ocultaron al Consejo de Administración de la EMVS y a Ciudadanos.